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El pasado 1° de julio, desde la ciudad de Carúpano propuse una amnistía política general. Al país ha causado mucho daño la conflictividad permanente llevada a enfermizas expresiones de odio y de revanchismo”
Mientras en algunas culturas el entendimiento y la capacidad de acuerdos entre políticos de diversos signos son conductas tenidas como positivas para la buena marcha de la sociedad, en nuestro país se han ido arraigando valores de confrontación política extrema y de segregación del contrario. Algunos consideran como el máximo logro la extinción del adversario. Es una visión de todo o nada. La convivencia con el otro es indeseable, es un estorbo para el proyecto político. Bajo esa concepción cerrada y conflictiva de la vida en sociedad, que considera lesiva y degradante la cohabitación con quienes piensan distinto, se ha conducido el debate político venezolano los últimos veinticinco años. Diversos mecanismos de premiación y recompensa política, como también de reconocimiento social, han sido usados por las élites que conducen las posiciones extremistas desde el gobierno y desde la oposición para amalgamar a sus grupos, para fortalecer el espíritu de cuerpo. Miden el éxito por la disminución a su mínima expresión de “ese otro” que, entre otras cuentas pendientes, es para ellos la causa de todos los males que el país tiene.
Un cuarto de siglo de socialización bajo esos parámetros es muchos años de envenenamiento. Se han formado generaciones que ven con sospecha prestar importancia a lo que plantea el contrario o revisar y corregir posiciones que el propio grupo ha sostenido con anterioridad. Ir más allá del reconocimiento “del otro” y proponer acciones conjuntas con quienes antes cada uno ha acusado de lo peor es un atrevimiento que raya en la herejía.
En ese clima político candente hemos luchado desde siempre por la distensión política, por la cohabitación entre compatriotas de filiaciones partidistas y credos ideológicos contrarios. Hemos levantado banderas de la democracia y seguimos reclamando y proponiendo vías distintas del extremismo imperante y del que aspira sustituirlo. Democracia es compartir, es convivir, es respeto recíproco y empeño de integrar. Hemos postulado y defendido todo intento de aproximación y diálogo, de entendimientos y acuerdos, de coincidencias en materia económica, legislativa y política que fortalezcan la nación venezolana. Creemos en la democracia y en la patria. Con convicción y sin vacilación hemos optado por esa tesis política y no por la confrontación extrema que estigmatiza y sataniza al contrario hasta convertir su aniquilación en la única razón de ser de movimientos políticos que con ese mismo perfil y contenidos han llevado a los pueblos a dolorosas y costosas guerras civiles, entre ellos a la Venezuela del siglo XIX.
El pasado 1° de julio, desde la ciudad de Carúpano propuse una amnistía política general. Al país ha causado mucho daño la conflictividad permanente llevada a enfermizas expresiones de odio y de revanchismo. Ya basta de presos políticos, de partidos ilegalizados o intervenidos judicialmente y de dirigentes inhabilitados. Venezuela necesita que ese cuadro de irregularidades cese. De eso se trata la amnistía que he planteado. La Constitución Nacional da a la Asamblea Nacional la atribución de decretar amnistías y al presidente de la República la de conceder indultos. Insistimos en la necesidad de corregir las injusticias, de bajar las tensiones políticas y de pacificar el país. Lo requiere la economía. Sin paz social no hay calidad de vida. Lamentablemente no han sido atendidos nuestros planteamientos. Por lo contrario, en las últimas semanas sentenciaron a 16 años de cárcel a seis ciudadanos que tenían un año presos por reclamar mejoras salariales. Han sido acusados de terroristas. Con ellos ahora son más los presos políticos. Por otra parte, el Partido Comunista de Venezuela cambia compulsivamente su directiva por la decisión de un tribunal y no como consecuencia de decisiones entre comunistas. Con el PCV son más los partidos políticos condicionados y conducidos desde el poder judicial.
Estos hechos, si bien ignoran la amnistía planteada, revelan ruidosamente la necesidad y urgencia de atender nuestro reclamo de pacificar la sociedad venezolana. Unos cuantos andan sembrando vientos y a la hora de las tempestades seguramente encontrarán resguardo y no las desgracias que el pueblo venezolano podría enfrentar por acciones tomadas con ceguera histórica. Nuestra propuesta de amnistía tiene ahora más sentido y vigencia. Es una necesidad histórica. Por la paz. Por Venezuela.
Lo curioso es que esta misma semana Venezuela es sede de la cuarta ronda de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro, quien ha decidido pactar con irregulares para alcanzar la paz definitiva en su país. El gobierno del presidente Maduro ha respaldado esa acción desde noviembre de 2022 haciendo de garante del proceso y ha estado presente en las negociaciones entre guerrilleros y gobierno colombiano, tanto en México como en Cuba, además del apoyo institucional activo desde Caracas. Ya suscribieron un acuerdo de cese al fuego durante 180 días a partir del pasado 3 de agosto y gobierno y guerrilla seguirán en sus deliberaciones en la capital venezolana hasta el 4 de septiembre. El resuelto apoyo del gobierno de Venezuela a la paz de Colombia es una acción que nuestros vecinos, agotados por la violencia y masacres, agradecen y que traerá beneficios a nuestra propia tierra que también ha padecido las consecuencias de aquella guerra interna.
Así como el gobierno del presidente Maduro contribuye en regresar la paz a nuestros hermanos colombianos, con mayor razón debe agotar sus mejores diligencias en la plena pacificación política de nuestro pueblo que merece vivir sin presos políticos, sin partidos ilegalizados ni intervenidos judicialmente y sin dirigentes inhabilitados. Todos los venezolanos deben ejercer sus derechos políticos a plenitud. Ese es nuestro ideal democrático, aunque desde los extremos algunas individualidades se opongan y se empeñen en mantener una guerra civil no declarada que en nada beneficia a Venezuela. No hay argumento que pueda explicar que la misma conducción política, el mismo liderazgo que ayuda a labrar la paz colombiana, en nuestro país interviene organizaciones partidistas, inhabilita dirigentes y encarcela luchadores sociales. ¿Serán los mismos?